Colegio Médico del Perú presentó demanda de acción popular contra reglamento de Ley de Alimentos

 En una nueva acción en defensa de la salud pública, el Colegio Médico del Perú (CMP) presentó una demanda de Acción Popular en contra de la Reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable, cuyos límites de sal, azúcar  y grasas debían tomar como referencia los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendaciones científicas que han sido ignoradas por el Ministerio de Salud.

La demanda, presentada el 12 de julio en  la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se plantea  tres semanas después de aprobado dicho reglamento,  teniendo entre sus considerandos que el mencionado reglamento, elaborado por el Minsa,  ha desnaturalizado el objeto de la Ley N° 30021, Ley de Alimentación Saludable.

Al respecto, el decano nacional del CMP, Dr. Miguel Palacios Celi, manifestó que la acción de inconstitucionalidad se presenta “honrando el compromiso institucional en defensa de la salud pública. También porque mientras la ley manda que los parámetros técnicos que debe usar el Ministerio de Salud para reglamentar la ley, son aquellos recomendados por la OMS-OPS, los aprobados por el D.S. 017-2017-SA no solo no respetan ese mandato, sino que al rebajar los niveles de los perfiles de nutrientes pone en grave riesgo la vida, la salud física, psíquica y el libre desarrollo de los niños y adolescentes del país. Es una trasgresión al claro mandato de la ley”.

Indicó que, contrariando este mandato, los “criterios técnicos” de la autoridad de Salud ponen en grave riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes, porque se incrementan los parámetros básicos muy por encima de los niveles de OMP-OPS y por el larguísimo periodo para su adecuación, de 44 meses, lo cual no protege la salud pública, objeto fundamental de la Ley N° 30021.

“Es decir, el Ministerio de Salud ha optado por la defensa de los productores y comercializadores de alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas, sin asumir la responsabilidad que le impone la ley, que no es otra que proteger a nuestros niños para que su desarrollo sea adecuado, sano y con calidad de vida”, enfatizó el directivo médico.

Otro aspecto sobre el que llamó la atención fue sobre la regulación de la producción, comercialización y consumo de las grasas trans, que según dicho reglamento  se hará “según normatividad vigente”, cuando no responde al claro mandato de la ley. “En cuanto a los alimentos con alto contenido de grasas trans, el Reglamento establece que será un proceso gradual  de reducción hasta su eliminación, conforme a los parámetros técnicos y plazos que se establezcan. No obstante, dicho reglamento no establece los parámetros técnicos ni determina con mandato, el tiempo para su eliminación total”, reclamó el médico.