89. Nueva Directiva Europea sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

En el año 1995, la Directiva 95/46/CE, sobre protección de los datos de carácter personal, estableció un marco jurídico para permitir que los datos personales circularan libremente por la Comunidad garantizando la intimidad de los ciudadanos.

Esta protección se amplió al sector de las telecomunicaciones con la directiva 97/66/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones.

Desde entonces, la evolución tecnológica experimentada por el sector y, en particular, las nuevas tecnologías digitales avanzadas y la creciente utilización de Internet como infraestructura común mundial para la prestación de una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas, han introducido nuevas posibilidades para los usuarios, pero también nuevos riesgos para sus datos personales y su intimidad.

Ello ha hecho necesario garantizar una mayor protección, pero también que esta se realice de una forma armonizada, con el fin de impedir que surjan de las diversas legislaciones obstáculos al desarrollo y a la prestación de nuevos servicios en el mercado interior.

Con este motivo, se ha publicado recientemente la Directiva 2002/58/CE, sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que sustituye a la 97/66/CE y complementa la 95/46/CE.

La nueva directiva que se aplicará a los servicios de comunicaciones electrónicas públicos (los no públicos quedarán cubiertos por la directiva 95/46/CE), tiene por objeto reducir al mínimo necesario el tratamiento de datos personales y que la información sea tratada de forma anónima o mediante seudónimos cuando sea posible.

Uno de sus objetivos principales es crear normas que sean neutras con respecto a la tecnología, es decir, que no impongan la utilización de un tipo concreto de tecnología ni discriminen en su favor, sino que garanticen que un mismo servicio quede regulado de forma equivalente con independencia del medio a través del cual se preste.

Esto significa también que los consumidores y los usuarios deben gozar del mismo nivel de protección con independencia de la tecnología a través de la cual se preste el servicio.

El plazo para su transposición al derecho nacional finaliza el 31 de octubre de 2003.