Prisas y falta de diálogo ante la reforma de los Colegios Profesionales

Versión para impresiónVersión para impresiónEnviar por MailEnviar por Mail

Ante la transposición de la directiva de Servicios, que deberá estar lista a finales de este año, y que dibujará un nuevo escenario para los Colegios profesionales, se alerta de forma mayoritaria sobre la falta de diálogo y la precipitación en llevarla adelante. Unión Profesional celebró ayer en la Asociación de la Prensa de Madrid, una reunión informativa para medios de comunicación en donde se expusieron la situación y las consecuencias que pueden derivarse de esta reforma y se dio voz a todos los sectores implicados.

Prisas y falta de diálogo ante la reforma de los Colegios Profesionales

Representantes de los principales partidos políticos, de los Colegios profesionales y de los ciudadanos, han coincidido en una intensa jornada celebrada ayer en la sede de la asociación de la Prensa de Madrid, para dar a conocer a los medios de comunicación y que estos trasladen a la sociedad lo que es y puede representar la transposición de la directiva de Servicios que habrá de estar lista el próximo 28 de diciembre y dar voz a todos los agentes implicados. La coincidencia mayoritaria ha sido la de precipitación y falta de diálogo a la hora de su estudio y tramitación, y representantes políticos de Convergencia i Unió (CiU) y del Partido Popular (PP) han manifestado su intención de hacer las enmiendas que crean necesarias o incluso una enmienda a la totalidad.

La transposición de la directiva de Servicios (Bolkestein), que habrá de estar lista a finales de este año, tendrá un fuerte impacto en el sector de los servicios profesionales, que emplea a millón y medio de profesionales, lo equivalente al 8,8% del empleo y del PIB total de nuestro país.

Esta transposición, que implica a más 1.000 colegios profesionales, constará de tres leyes principales, las dos primeras en trámite parlamentario: el propio texto de transposición (conocido como Ley Paraguas), el texto que modificará la normativa del sector para acercarla a la filosofía de la Directiva (conocido como Ley Ómnibus) y una ley sobre colegiación (12 meses después de aprobada la Ley Ómnibus). Además, una vez aprobada la Ley Ómnibus, habrá un plazo de tres meses para que un Real Decreto defina qué visados serán exigibles obligatoriamente y cuáles no.

Para Jordi Jané i Guasch, vicepresidente IV de la Mesa del Congreso y portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas, los plazos marcados no son imperativos, resaltando que “las prisas no son buenas para legislar”. Reconoce la necesidad de una reforma pero no coincide “ni en la forma ni en los plazos en que se quiere hacer”. Respecto a las formas, entiende que “habrá que atender las peticiones de los Colegios Profesionales y no hacerlo de espaldas a los mismos” y ha reconocido el valor de los Colegios Profesionales cuya capacidad de autorregulación “tan buenos resultados ha dado”.

En cuanto a los plazos ha recordado que “las Leyes hay que cumplirlas a partir de su publicación en el BOE, y antes tienen que haber pasado por el Congreso y el Senado. Sólo a partir de ahí habrán los Colegios de adaptarse, pero no antes”. Ante la situación actual, ha anunciado que CiU “hará enmienda de devolución”.

Prisas y falta de diálogo ante la reforma de los Colegios Profesionales

Por su parte, Celso Delgado, diputado del partido Popular y miembro del Comité de Dirección del PP de Galicia, piensa que la reforma sí era necesaria pero que “este proyecto responde sólo en parte a los objetivos”. Ha manifestado igualmente su visión positiva de los Colegios Profesionales, destacando que “el PP apoya el mantenimiento de los Colegios Profesionales y defenderá las enmiendas que vayan en esta línea”, incidiendo en que “hubiera sido preferible un proceso más dialogado”.

También se ha dado voz en este encuentro a las asociaciones de ciudadanos, interviniendo en el acto Antonino Joya, director de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En términos globales ha señalado que “defendemos la colegiación obligatoria si esto le da al ciudadano un plus de garantía ante cualquier problema o reclamación que pudiera surgir por la prestación de un servicio”, y ha reconocido igualmente que “la Ley se ha hecho a espaldas de las organizaciones que representan a los consumidores”.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas, Mertixell Batet, ha defendido la necesidad de esta ley que “es un ejemplo de integración real de los Estados miembros de la Unión Europea”, por lo que ha pedido mirar más allá y entender que “son normas que tienen un sentido” y que permitirán un “marco jurídico” sobre el cual se podrá ir legislando con posterioridad.

En su opinión, se busca “un cambio radical de relación entre Administración Pública y ciudadano” destacando que “ahora se va a dar mayor protagonismo al ciudadano”. Otros puntos positivos en su opinión, son el aumento de la competencia, la cooperación y simplificación administrativa, la homologación entre Estados miembros y la mejora de la calidad de los servicios.

Finalmente también intervinieron en esta jornada portavoces de los diferentes sectores profesionales afectados por esta normativa, cuyas propuestas y posicionamientos piden sean escuchados. Como señaló la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), se necesita “mesura, análisis y tiempo para cualquier tipo de modificación en la actual Ley de Colegios Profesionales”.

Unión Profesional ha elaborado un claro y preciso documento que da respuesta a todas las dudas suscitadas por esta reforma y las consecuencias que una aplicación precipitada de la misma y de espaldas tanto a los profesionales como a los propios ciudadanos, puede generar. Ofrecemos en el documento anexo el citado documento.

Enlaces relacionados:

AdjuntoTamaño
Reforma_Colegios.pdf134.76 KB