Defensa de los pacientes Hepatitis C y afectados Talidomida y posicionamiento sobre políticas medicamento, actividades OMC 2015

La defensa de los pacientes de Hepatitis C y de los afectados por la Talidomida; el posicionamiento sobre el medicamento, en especial, ante los problemas de Salud Pública y dificultad de financiación de los nuevos fármacos que ponen en riesgo el SNS, y las demandas ante la situación actual y futuro  de la Sanidad, han marcado parte de la actividad de la Organización Médica Colegial (OMC) a lo largo de 2015

La OMC ha hecho público sus posicionamientos en torno a estos temas a través de Jornadas, Declaraciones en foros nacionales e internacionales y Documentos que han contado con acuerdo de su Asamblea General, el máximo órgano de gestión, que los ha hecho públicos en base a la transparencia que defiende la corporación médica. Estos posicionamientos también los ha trasladado a los máximos responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómico, en especial, ante los comicios generales, municipales y autonómicos celebrados este año.         

Junto a estos temas de interés general, la corporación ha llevado a cabo otras acciones de gran interés para los médicos,  pero que redundan en la calidad asistencial con los pacientes: la denuncia de la situación de precariedad e inestabilidad laboral de los médicos, la  aprobación de la universalidad de la Validación Periódica de la Colegiación (VPC), la renovación de los Estatutos de la OMC, vigentes desde 1980, y el acuerdo para validar en España de los créditos internacionales de Formación Médica Continuada (FMC) y Desarrollo Profesional Continúo (DPC) otorgados por la  Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) para que tengan reconocimiento en el Sistema Sanitario de nuestro país.

Compromiso deontológico de la OMC con los pacientes de Hepatitis C

En respuesta al compromiso deontológico de la corporación con los pacientes, la OMC se ha posicionado al lado de los enfermos de Hepatitis C desde el primer momento de sus movilizaciones y reivindicaciones que comenzaron a primeros de año con un encierro de los afectados en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, en demanda de un tratamiento para curar su enfermedad.

En colaboración con la  Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), la OMC ha llevado a cabo diversas Jornadas en los que han participado pacientes, profesionales, industria farmacéutica y responsables políticos. En ellas se ha debatido sobre el  abordaje de la Hepatitis C y se ha denunciado  el precio desorbitado de los nuevos medicamentos que ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.

La última acción se realizó este mes de diciembre con un acto en el que la Plataforma dio a conocer la admisión a trámite de sus propuestas por parte del Parlamento Europeo que incluyen, entre otras peticiones, un cambio en la legislación comunitaria de la propiedad intelectual, la creación de un fondo de emergencia de rescate sanitario para los afectados por la Hepatitis C en los Estados miembros y que se abra una investigación sobre posible vulneración de las normas de la UE de competencia y contratación pública por los altos precios de los nuevos fármacos.

La falta de cumplimiento del Plan Estratégico puesto en marcha por el MSSSI en abril  por falta de financiación, así como la falta de datos respecto a la situación real de esta patología en España fueron otros de las denuncias de este colectivo que, a lo largo del año ha mantenido movilizaciones, concentraciones, manifestaciones y la recogida de más de 200.000 firmas para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Hepatitis C y la tramitación de una querella ante el Tribunal Supremo que ahora elevaran al Constitucional. Todo un ejemplo de movimiento social que, sin duda, va a servir de ejemplo a otros pacientes.

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Enmienda Ley Patentes

En base a  esta experiencia en relación con los nuevos  fármacos contra la Hepatitis C y siguiendo el posicionamiento de la corporación sobre el sector farmacéutico,  la OMC propuso a los distintos grupos políticos una enmienda al Proyecto de Ley de Patentes que alude a las  licencias obligatorias por motivos de interés público y con la pretende “acotar” de alguna manera las consecuencias de las patentes de los medicamentos

Con el objetivo “garantizar no solo el presente, sino sobre todo el futuro del Sistema público de salud, ante posibles alteraciones no justificadas de los precios de los medicamentos”, la propuesta de enmienda recoge que se considerará que existen motivos de interés público cuando “la patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave."

En su argumentación precisaba que “cuando los precios son injustificadamente altos y se refieren a medicamentos de alto poder de curación, el Sistema público de salud puede no estar en disposición de hacer frente a la misión que tiene encomendada, lo que hay que evitar a toda costa , pues se alteraría, sin razón suficiente,  el necesario equilibrio de intereses”.

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La OMC con los afectados por la Talidomida

Con el mismo planteamiento de compromiso deontológico y ante una “clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica”, la OMC se ha puesto al lado de los afectados por la Talidomida, representados a través de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE). Son víctimas de una situación que ocurrió entre finales de los años 50 y principios de los 60 y que provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones en las extremidades, tras la ingestión del fármaco por las madres embarazadas para paliar las náuseas.

Las víctimas, que en España se calculan en más de 500 actualmente, llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos. Consideran que su situación es un agravio comparativo, ya que España es el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéutica Grünenthal, propietaria del fármaco.

Por todo ello, la OMC decidió realizar un informe que fue aprobado por la Asamblea General en el que considera que “no existe razón ni sentencia alguna que haga olvidar los efectos de la talidomida” y que “no se puede admitir que la farmacéutica trate de forma distinta a afectados españoles de otros europeos”. Por ello, insta al Estado español y a Grünenthal, a quienes considera  responsables, a compensar a las víctimas de esta tragedia.

Para la OMC, la negativa de la  farmacéutica alemana Grünenthal a reconocer y reparar la tragedia causada por la talidomida es “una burla a los derechos humanos” e insta al Estado español para que, con la mayor diligencia posible, “reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y proceda a su compensación”, por entender que el plazo que dio en su día fue insuficiente. 

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Análisis y posicionamiento sobre los medicamentos

Considerando lo que supone el medicamento para la salud de los ciudadanos, así como los riesgos que comporta su uso excesivo e inapropiado y los efectos de  la incitación al consumo, en lo que se denomina como “medicalización de la vida”, la OMC ha elaborado este año el Documento denominado “Medicamentos: visión social y clínica” que analiza estos aspectos y que ha contado con el respaldo de  su Asamblea General.   

Este documento complementaba otro del pasado año sobre el sector farmacéutico, en el que la OMC hizo una serie de recomendaciones y propuestas centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del  medicamento.

Con el informe de este año, la OMC ha querido contribuir a que el medicamento cumpla con su objetivo que no es otro que la salud de los ciudadanos, advirtiendo de los riesgos que produce el uso excesivo, insuficiente o indebido de los fármacos y los efectos adversos que esto provoca. La alternativa al mal uso de los medicamentos pasa, según la corporación, por el fomento de una prescripción “razonada, prudente y con sentido común” y aboga para que todos los agentes implicados tengan definidas claramente sus funciones y estén comprometidos y coordinados en la tarea de minimizar los riesgos de los medicamentos originados por deficiencias en la información sobre los mismos y sobre su manejo.

El documento pone el dedo en la llaga de lo que se ha denominado “medicalización de la vida” que nos ha llevado –asegura- a tratar problemas como si fueran una enfermedad sin serlo, generando riesgos innecesarios para los pacientes  y creando un serio problema de salud. Una situación que puede llevar a una colusión de intereses entre los diversos agentes, no respaldada por la evidencia científica ni deseable y que en nada beneficia a los pacientes.

El texto alude también a la “investigación y desarrollo de los medicamentos” que, en ocasiones no responden a demandas de auténticas necesidades de salud y, en este caso, hace referencia a la responsabilidad de los médicos en garantizar una buena praxis evitando todo tipo de “influencias perniciosas” y a la responsabilidad del regulador para evitar que se promocionen productos en base a artículos y estudios poco rigurosos e insta al control de toda aquella publicidad engañosa que contribuya a la innecesaria medicalización de la vida.

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También, en este año se aprobó una declaración  sobre la gestión del medicamento con la que la corporación manifestaba su postura en relación al proyecto de Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, posteriormente aprobado por el Gobierno y que deja delimitadas con claridad las competencias de médicos y enfermeras sobre medicamentos sujetos por ley a prescripción médica. En esta declaración pedía también que se establezca la trazabilidad del medicamento para la seguridad de los pacientes y el necesario control de la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de los medicamentos y transparencia  en la gestión del medicamento, algo que no ha ocurrido en la negociación del precio de algunos medicamentos innovadores, como el de la Hepatitis C.

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El futuro de la sanidad pasa por un Pacto político

Acuerdo político al máximo nivel que facilite la “imprescindible” y “postergada”   reforma del SNS, una financiación adecuada y finalista, definir el modelo del SNS y concretar sus atributos de universalidad, equidad, calidad,  definir la cartera de servicios comunes del SNS, establecer la interoperabilidad real del sistema de información en todo el país, contar con una política de recursos humanos para atender adecuadamente los servicios y establecer las necesarias reformas entorno al gasto farmacéutico, centran la esencia de las peticiones que la OMC ha venido haciendo en los últimos cinco años.

Este posicionamiento, recogido en el documento “Reformas estructurales y gestión institucional del cambio en el Sistema Nacional de Salud”, ha sido el que la corporación ha trasladado a los representantes políticos de cara al cambio electoral que hemos vivido para exigir al Gobierno de la nación una política sanitaria nacional que garantice la sostenibilidad a medio y largo plazo del Sistema público de salud, con independencia del poder político gobernante.

Unas demandas que coinciden con las propuestas del Foro de la Profesión Médica, en el que están representados las principales organizaciones profesionales: El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

La mayoría de estas propuestas están contempladas en los acuerdos firmados con el Gobierno actual en julio de 2013, entre las que destacan el Pacto de Estado por la sanidad, una financiación finalista con aumento del porcentaje de gasto sanitario similar a la media europea, igualdad en la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, resolver los problemas de precariedad laboral del personal y frenar los recortes salariales.    

Encuentro con líderes políticos

El encuentro del presidente de la OMC, Dr. Rodriguez Sendin, con el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, celebrado en julio, marcó el inicio de una serie de encuentros de la Comisión Permanente con líderes de los distintos partidos políticos para presentar las propuestas de la corporación en materia sanitaria. Se han reunido con la secretaria general del PP, María Dolores de  Cospedal, y los consejero de Andalucía, Aquilino Alonso; Madrid, Jesús Sánchez Martos; Castilla la Mancha, Jesús Fernández Sanz; Cantabria, Maria Luisa Real; La Rioja, María Martín Díez de Baldeón; Valencia, Carmen Monton; País Vasco, Jon Darpon, y Navarra, Fernándo Dominguez.

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El futuro de la sanidad ante los Tratados de libre comercio entre Europa y EE.UU

A lo largo del año, la OMC ha alertado de los graves efectos para la sanidad pública” que conllevan los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y EE.UU (TTIP y TISA) y entre la UE y Canadá (CETA).

Estos tres tratados y, en especial, el Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que plantea un nuevo escenario de relaciones entre los estados miembros de la UE y EE.UU, genera, según la OMC,  importantes retos para los sistemas públicos de salud  y, aunque se justifiquen con creación de empleo y supuestas ventajas económicas para pymes y usuarios, la corporación considera preocupante que sea el libre comercio un valor predominante y se anteponga a intereses sanitarios y a la salud pública.

A partir de la Declaración de la Asamblea General y de una Jornada en la sede del Parlamento Europeo en Madrid con tema central, la OMC trasladó sus planteamientos   al Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y lo ha llevado a la agenda de las reuniones de corporaciones médicas internacionales como la AMM, CEOM, UEMO, CONFEMEL y la última reunión hispano lusa.

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