V Convención de la Profesión Médica

V Convención de la Profesión Médica El coste real del tratamiento es menos de 300 € (Hill A, et al. , 2014; Wyden-Grassley, 2015; DNDi, 2016). Los costes de investigación se han cubierto con creces en el primer año de ventas. Por lo tanto, la patente no está justificada ya para blindar los altos precios. La empresa ha negociado un precio por tratamiento según la renta per cápita de los países, desde un máximo de 84.000 $ por tratamiento en EE.UU. Lo máximo que cada país “podía” pagar. En España, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: hemos gastado más de 1.358 millones de euros para 50.000 pacientes, a 27.000 euros por paciente. El coste real sería de 15 millones (si usamos dos medicamentos diferentes sería de 30). Hemos “regalado” 1.328 millones de euros (nos han “obligado” a pagar) (Lamata F, 2016). Con ese dinero, por ejemplo, se podría pagar el sueldo de 20.000 médicos durante 1 año. Con un precio justo se podría erradicar la enfermedad en el mundo. En España se estima que hay 500-800.000 personas que podrían quizá beneficiarse de estos tratamientos si el precio fuera al coste real. Con un precio por el coste real se podría haber tratado a todos. Las empresas quieren forzar la ampliación del tratamiento, pero a sus precios elevados. Aquí está la disyuntiva. ¿Quién tiene más fuerza para negociar? Hoy en día las empresas son más fuertes, porque les hemos dado la fuerza desde los gobiernos, con el monopolio de las patentes. Una vez escuché: es como el refrán de “la bolsa o la vida”, solo que además aquí es la víctima la que ofrece la pistola. Aquí son las administraciones las que conceden el monopolio que permite fijar precios muy altos. Ese mayor gasto provoca aumento del déficit, y más recortes; obliga al desvío desde otras partidas necesarias, produce pérdida de calidad, pérdida de acceso, listas de espera. Se utiliza también para el aumento de los copagos, que crean más barreras de acceso: en 2015, casi 2 millones de personas en España no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública (Barómetro Sanitario, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016). ¿Por qué no aplica la ley el Gobierno de España, autorizando licencia obligatoria para producir el producto a precio de coste?