V Convención de la Profesión Médica

V Convención de la Profesión Médica (presión comercial, equivalente a 40.000 millones de euros en la UE), y que se ha generado en gran medida gracias a los sobreprecios protegidos por el monopolio que otorga la patente. Como vemos, la patente es clave en esta estrategia: da “poder de mercado” a la empresa. Lo que no hay que olvidar es que la patente la conceden los gobiernos. El resultado es que el precio, como demuestra el informe Wyden-Grassley, nada tiene que ver con los costes de fabricación, que son mínimos, ni siquiera con los de investigación, que, siendo importantes, no alcanzan ni muchísimo menos para justificar unos precios tan elevados. El precio se fija por lo máximo que la empresa considera que puede conseguir que pague el comprador ( “what the market will bear” ) (Wyden-Grassley Report, 2015). No basta con frenar la imposición del TTIP, que pretende blindar el actual modelo de patentes, el precio por valor y la no financiación selectiva. El sistema actual ya no funciona a favor de los pacientes y los servicios de salud, y es necesario cambiarlo. Para corregir este desequilibrio los gobiernos deberían trabajar simultáneamente en tres planos. A corto plazo: • Plantear las negociaciones de forma rigurosa, exigiendo información sobre costes de fabricación e investigación (y auditándolos) para fijar unos precios en relación con dichos costes (Hill, 2014; DNDi, 2016), más un beneficio prudente (5%). • Limitar la presión de la industria sobre los tomadores de decisiones: financiación pública de las agencias de medicamentos, rigurosas incompatibilidades, control de las puertas giratorias que puedan afectar a los miembros de las comisiones de fijación de precios, etc. Sustituir progresivamente con financiación pública la financiación de las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, así como la financiación de las actividades de formación continuada, etc.